Hoy Publishing Perspectives publica un artículo de portada en el que concluye, tras la reciente Feria del Libro Digital,  que la evolución del e-book en España aún está vista como en fase beta vista desde fuera. Añaden como bonus una nota sobre el estado legal de la libre distribución de copias de libros digitalizados en España. Os lo traducimos en su integridad:

¿Son las dificultades de España ante la piratería un tema sólo legal?
Por Emily Williams

En España es sabido y aceptado por todos que el país tiene lo que posiblemente sea el peor caso de piratería digital en Europa y que los españoles podría estar entere los mayores infractores del mundo. Andreu Teixidor, ex presidente del sello editorial Destino, una división de Editorial Planeta y panelista en la reciente Feria del Libro Digital, llamó “vergonzosa” a la carencia de protección a la propiedad intelectual e indicó que España es el segundo país en el mundo en piratería, luego de China. La creencia en la particular perfidia del consumidor español es citada de forma frecuente por los editores cuyo miedo a la piratería y al rampante contenido compartido vía P2P ha estado cerca de paralizar el movimiento de la industria en el terreno de los ebooks. ¿Este miedo es justificado? ¿Realmente los jóvenes españoles son unos flagrantes quebranta-leyes?

“¡Claro que no!”, dice Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones, y quien repite que la idea que grafica a España como líder en piratería es una “leyenda urbana” e insiste “no hay datos objetivos” que demuestren que España tiene más piratería que otros países de la UE.

Pero, al otro lado del debate tenemos a…  Estados Unidos.

Una sesión especial sobre “Protección de Derechos de Propiedad Intelectual” tuvo lugar en la feria y ofreció presentaciones de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos así como la presencia de representantes del Reino Unido, Frnacia, Alemania y Suecia. Durante la sesión, el representante español, Agustín González García, señaló que el Reporte Espacial 301 realizado por la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por sus siglas en inglés) ubicó a España fuera de ” monitoreo especial”. La IIPA es una coalición procedente del sector privado construida por productores de contenido estadounidenses —estudios de películas, editores,compañías de música y desarrolladores de software — que ha sido criticada en el pasado por la parcialidad de sus ratings de los esfuerzos de otros países en lo referente a protección de derechos de autor.

Aún así, uniéndose al coro este año tuvimos al Caucus Internacional Antipiratería, cuya lista para observación coloca a España junto a China, Rusia, México y Canadá.  El Caucus condena la política del gobierno español que “ha despenalizado el intercambio ilícito P2P” así como “la inadecuada implementación de los requisitos de la UE respecto a los proveedores de Internet” que ha hecho “insostenible” la situación de los poseedores de derechos de autor en España, y llama al gobierno a realizar alguna acción.

La discusión, entonces, parece ser más sobre el marco legal que con los consumidores y, con todo el respeto al deseo de todo país en ser los mejores en algún aspecto, ubicar a los españoles que comparten archivos en red por delante de piratas de categoría mundial operativos en países como Rusia e  Indonesia podría ser una leve exageración.

Pues sí, los usuarios españoles que comparten datos en red no son, ni de lejos, los delincuentes internacionales que la SGAE y Ángeles González-Sinde se empeñan en perseguir sugiriendo reducir la velocidad de la conexión o cobrando multas por utilizar una canción bajada de internet para amenizar una boda. El gobierno hace poco acaba de garantizar la conectividad de 1MB  para todo el territorio español, algo en lo que Finlandia se adelantó a toda Europa. La diferencia está en que Finlandia plantea ofrecer 1MB en 2010 que se convertirán en 100MB para 2015. ¿Hacemos lo mismo en España?

Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del ADSL más lento y caro de Europa. Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -ADSL y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la SGAE, para que en España se dé tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P.

A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario“) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación“) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.

Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)

Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)

Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.

Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.

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Vía: Mangas Verdes